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LOS ANCIANOS, ¿UN PROBLEMA?

Uno de los argumentos que se utilizan con mayor frecuencia para cuestionar la graficoviabilidad de los estados del bienestar en Europa es el de la transición demográfica, según la cual el creciente número de ancianos en las poblaciones europeas está haciendo insostenibles los servicios públicos (como los servicios sanitarios) que sirven primordialmente a este sector de la población. En tal postura se asume que, como consecuencia del crecimiento de la población anciana (el grupo de la población que consume más recursos sanitarios), estos servicios quedarán colapsados por su incapacidad de responder a la gran demanda de servicios de esta población.

La evidencia científica existente cuestiona, sin embargo, tales supuestos. Es cierto que los ancianos consumen más servicios sanitarios que los jóvenes y adultos. Ahora bien, los estudios realizados por el Center for Studying Health Systems Change de EEUU muestran que en EEUU sólo un 10% de incremento de los gastos sanitarios se debe al mayor crecimiento de utilización de los servicios sanitarios por parte de los ancianos (el crecimiento anual del gasto sanitario en EEUU es un 8,1%, del cual sólo un 0,73% se debe al crecimiento del consumo sanitario de la población mayor de 65 años). Esto quiere decir que el 90% del crecimiento del gasto se debe, en realidad, al crecimiento de la inflación médica, a la mayor intensidad tecnológica en los tratamientos (debido, en parte, al acceso a nuevas tecnologías médicas) y al crecimiento de la población. Sólo un 10% se debe al crecimiento de la población anciana. Es más, el profesor Thomas Bodenheimer, en un artículo en Annals of Internal Medicine (2005.142:847-54), ha documentado en un estudio internacional el impacto del envejecimiento en los servicios sanitarios, mostrando que no hay una relación estadística entre el gasto sanitario en un país y el porcentaje de la población que es anciana.Estos y muchos otros estudios han confirmado que el crecimiento del porcentaje de la población anciana dista mucho de ser una de las primeras causas del crecimiento del gasto sanitario. Otros factores –que apenas tienen visibilidad mediática– juegan un papel mucho más importante que el crecimiento de tal población. Y en cambio, los medios se centran casi exclusivamente en la creciente ancianidad de la población, transmitiendo un mensaje antiancianos que culpabiliza a estos de las crisis de la sanidad. Esta situación alcanza su máxima expresión en España, donde la masificación existente en la atención sanitaria pública se atribuye precisamente a un supuesto abuso del sistema por parte de los ancianos, ignorando que el mayor problema no es este inexistente abuso, sino el muy escaso gasto público en tales servicios (España tiene el gasto público sanitario por habitante más bajo de la UE-15).

En realidad, se exagera el impacto de la edad en la enfermedad, ignorándose que existe un mejoramiento muy notable de la salud de los ancianos. Un artículo, publicado por el National Long Term Care Survey, muestra en EEUU un gran descenso de las discapacidades crónicas entre los ancianos durante las últimas dos décadas, lo cual explica que, mientras el número de ancianos creció de 26,9 millones en 1982 a 35,5 millones en 1999, el número de personas con discapacidades crónicas descendió durante el mismo periodo pasando de 7,1 millones a 7 millones. Un mayor número de ancianos no implica que, automáticamente, haya más enfermedad y discapacidad y mayor gasto sanitario. Debiera, por lo tanto, relativizarse lo que se considera, erróneamente, como una amenaza a la viabilidad del sistema sanitario como consecuencia del incremento de la esperanza de vida. La discapacidad y enfermedad han disminuido notablemente, de manera que los gastos de una persona que sobrevive 14,3 años tras llegar a los 70 años son los mismos gastos sanitarios que los de una persona que viva sólo 11 años más tras alcanzar los 70 con escasa salud. En general, a mayor crecimiento de la longevidad, menor discapacidad durante la ancianidad. Es más, el gasto sanitario durante el último año de vida tiende a ser muy semejante independientemente de la esperanza de vida y representa un gasto menor del gasto total, no habiendo variado sustancialmente en los últimos 20 años.

Igualmente falso es el argumento de que se gasta demasiado en tratamientos intensivos en el momento final de sus vidas. Sólo un 3% de las personas que mueren reciben atención intensa, habiendo sido un porcentaje casi constante en los últimos 20 años. Y todos los estudios muestran que las personas por debajo de 50 años reciben más intervenciones que implican mayor coste –como cirugía mayor, diálisis y cateterizados– que no personas ancianas por encima de 70 años. Existe evidencia –que puede considerarse preocupante– de que los ancianos reciben menos atención médica que personas adultas que tienen la misma condición patológica y médica. Varios estudios han documentado que el gasto por paciente es menor a medida que la edad del paciente aumenta, lo cual es el resultado, en parte, de un prejuicio entre los profesionales del sistema hacia los ancianos (ver Pan, C. X., Chai, E. y Farber, J. Myths of the High Medical Costs of Old Age and Dying, International Longevity Center, 2007). Nada de lo dicho debiera interpretarse como un argumento en contra de facilitar a los ancianos y a cualquier persona (sea de la edad que sea), el derecho a una muerte digna, escogida por la persona en el momento que así lo considere. Ni tampoco que la postura presentada en este artículo implique que deban extenderse los cuidados a los ancianos o a cualquier persona independientemente de su edad, por encima del periodo médicamente necesario. Pero tampoco es correcto y éticamente aceptable que se reduzca como consecuencia de su edad. Ya es hora de que se reconozca en las sociedades desarrolladas, incluida España, que existe un prejuicio en contra de los ancianos (llamados “abuelos”), que debiera denunciarse y corregirse.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’en The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Casal

Las mujeres españolas tienen siete años más de esperanza de vida que los hombres

Las condiciones y calidad de vida de las mujeres son peores que la de los hombres en el proceso de envejecimiento

En la actualidad, las mujeres españolas tienen siete años más de esperanza de vida que los varones (84,4 las mujeres frente a 77,7 los varones). Sin embargo, esta ventaja no supone mejores condiciones de vida ya que, según estudios recientes sobre las condiciones de vida de las personas mayores en nuestro país, la calidad de vida de las mujeres es considerablemente peor que la de los hombres durante el proceso de envejecimiento, según informa en nota de prensa el Ministerio de Sanidad y Política Social.

Peor envejecimiento

Cuando se analizan los factores de riesgo durante la vejez como la falta de salud, el nivel de recursos económicos, aislamiento o situación de dependencia, se pone de manifiesto que:

– El 65% de las personas que han obtenido prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia, son mujeres.

– Ellas son las que en mayor medida viven solas (el 34% de las mujeres mayores de 80 años viven solas, mientras que entre los hombres de ese grupo de edad, viven solos el 16%).

– Más de la mitad de las mujeres mayores de 65 son viudas o solteras, mientras que el 80% de los varones de ese grupo de edad están casados.

– Las pensiones de las mujeres mayores son casi un 50% inferiores a las de los varones.

– Además, las mujeres se ven afectadas más que los hombres por la enfermedad y tienen peor percepción subjetiva de su salud.

– Mayoritariamente, las mujeres ejercen de cuidadoras de nietos y nietas así como de personas en situación de dependencia hasta edades avanzadas.

– Debido a esta faceta de cuidadoras, son mujeres las que mayoritariamente (el 95%) reciben prestaciones de la Ley de Dependencia, como cuidadoras informales.

Ministerio de Sanidad y Política Social.

EL ENVEJECIMIENTO EN URUGUAY

uruguayUruguay cuenta con la población más envejecida de América Latina. En el contexto de su proceso temprano de transición demográfi ca, tanto las bajas tasas de fecundidad que se han mantenido relativamente estables por más de
medio siglo como los procesos estructurales y recientes de emigración internacional hacen que contemos con una población envejecida cuyo proceso parece intensificarse en los próximos años. Actualmente la población uruguaya cuenta con un 17% de adultos mayores de 60 años, cifra que alcanzará a 25% para el año 2050 según las proyecciones demográfi cas, con un particular aumento en la población mayor de 80 años.
La dinámica demográfi ca es diferencial según los sectores socioeconómicos, hecho que refleja en muchos casos lo ocurrido en otras sociedades de América Latina.
Si bien el país se caracterizó por procesar una transición demográfica adelantada en comparación con las características continentales, los problemas demográficos del Uruguay de hoy combinan un mosaico de comportamientos heterogéneos; algunos tienen mucho que ver con problemáticas del subdesarrollo (pobreza,
desigualdad social) y otros tienen mucho que ver con fenómenos propios de los países desarrollados (envejecimiento, fecundidad a punto de caer por debajo del nivel de reemplazo, segunda transición demográfi ca) (Paredes, 2004a).
La problemática del envejecimiento en Uruguay no es nueva. De hecho somos una sociedad envejecida hace más de medio siglo. Si bien el descenso de la mortalidad ha contribuido a este proceso, más importante resulta el descenso
de la fecundidad, sobre todo porque es el indicador que más refl eja un comportamiento diferencial por sectores sociales. La tasa global de fecundidad se mantiene en Uruguay relativamente estable en torno a 2.6 hijos por mujer, pero el desequilibrio que presenta este guarismo entre los sectores socioeconómicos refleja la clara concentración de la reproducción biológica de la población en los estratos más carenciados. Entre tanto los sectores socioeconómicos más favorecidos y educados han controlado sus pautas de fecundidad hasta llegar bastante por debajo del nivel de reemplazo poblacional (Paredes y Varela, 2001; Paredes, 2003a). Sumado a esto, y como efecto más coyuntural y reciente, la migración internacional recobra impulso a principios del milenio con la crisis económica que atraviesa el país –y que tiene su punto más álgido en el año 2002– provocando la emigración de gente joven en edad reproductiva.
Como vemos, una de las características de nuestro país es tener un perfil poblacional de país desarrollado, coexistiendo con una infraestructura sociosanitaria de país empobrecido. Estructura sociosanitaria que hasta el momento se ha caracterizado por la poca coordinación entre las políticas y servicios de salud con los sociales. La ausencia de un plan gerontológico que permita elaborar una propuesta de atención sociosanitaria a esta población, es otro de los aspectos a señalar (Nisizaki y Pérez, 2004). No obstante, en los últimos años, la aprobación en el Parlamento de la Ley de Promoción Integral del Adulto Mayor, es un primer paso en este sentido y da cuenta del comienzo de una mayor atención de las autoridades en el tema.
Del libro: «Sedimentos y transformaciones en la construcción psicosocial de la vejez.»
Fernando Berriel, Mariana Paredes y Robert Pérez