Las personas sordas o con discapacidad auditiva se quejan de las trabas con las que se topan al realizar gestiones o intentar participar como el resto de la ciudadanía. No se consideran integradas a pesar de ser miles y reclaman las medidas oportunas para subsanarlo.

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha iniciado la campaña de sensibilización «Queremos la Anexión» para que no se consideren «extranjeras en su propio país». Se quiere mostrar la realidad de estas personas, cómo se sienten al enfrentarse a determinadas situaciones y «desmantelar todas las fronteras que les separan del resto de la sociedad».

Son más de un millón de personas que no oyen o escuchan con dificultades. De éstas, 7.000 no han cumplido los seis años de edad y un 10% cuentan con certificado de discapacidad -se les considera los más vulnerables-.

La solución, asegura el presidente de la CNSE, Luis Cañón, «pasa por incorporar diariamente pequeñas soluciones que contribuyan a crear un mundo sin fronteras, un mundo diseñado para todos».

Lengua de signos
La reclamación más reiterada es la aplicación de la lengua de signos, tener la posibilidad de comunicarse de esta manera en diferentes ámbitos. Según datos de la confederación, en España hay 2.781 intérpretes de lengua de signos acreditados, pero sólo un 25% trabaja como tal: un intérprete por cada 143 personas sordas y con discapacidad auditiva, mientras que en otros países europeos el ratio es de un intérprete por cada 10 personas sordas, asevera la CNSE.

Quienes se comunican de esta manera son más de 400.000. Una cuarta parte son sordas y el resto, oyentes que usan la lengua de signos por cuestiones familiares, afectivas o profesionales. Este sistema está reconocido mediante una ley cuyo objetivo es conseguir mayores cuotas de participación social.

Barreras diarias
La falta de participación es la cuestión que más preocupa a las personas sordas o con discapacidad auditiva. En ocasiones, viven un doble aislamiento que les impide el acceso a la información y les dificulta -o imposibilita- la consecución de ciertos derechos y deberes.

Una de las medidas desarrolladas por la CNSE es la elaboración de regulaciones legales y normativas de calidad de aplicación estatal, junto con labores de información y sensibilización a las entidades públicas, privadas y a la sociedad en general «sobre la importancia de la accesibilidad a la información y la comunicación».

Los frutos de este esfuerzo se traducen, entre otras cosas, en un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación para facilitar las gestiones relacionadas con el ejercicio de los derechos y deberes básicos de ciudadanía. La confederación coordina los servicios que se ajustan al convenio, a través de la red de federaciones autonómicas de personas sordas y de la Fundación CNSE.