No son empleados de ninguna compañía pero cobran un sueldo de su empresa todos los meses. Han cotizado durante años y ahora están retirados, pero no tienen acceso a ninguna de las ayudas que les corresponden a los jubilados. Son más de medio millón de personas que, pese a lo numeroso de su colectivo, no tienen estatus jurídico ni apenas consideración dentro de la Administración Pública.
La prejubilación constituye un estado transitorio entre la vida activa y la jubilación, una situación a la que se llega cuando una empresa quiere reducir o rejuvenecer a su plantilla y que no está regularizada por ninguna ley. Entonces, los responsables proponen al empleado dejar de trabajar, pero continuar cobrando su sueldo o parte del mismo hasta que alcance la edad de jubilación.
A priori, todo parecen ventajas. Sin embargo, “los prejubilados no tenemos un reconocimiento jurídico, no existimos, lo que nos impide estar en los organismos donde se debaten los asuntos que nos afectan”. Así explica Eugenio Pascual, presidente de Jubiqué (Asociación Independiente de Prejubilados y Jubilados del Sector Financiero), uno de los principales problemas que afectan a un colectivo que “oficialmente, no existe”. Se trata, paradójicamente, de un sector muy numeroso –aunque tampoco hay cifras contrastadas– que, según los expertos de las distintas asociaciones, podría abarcar entre medio millón y un millón de personas.
En términos laborales, “la situación de estos ex-trabajadores es la de parados en busca de empleo, pero con la certeza absoluta (por su parte y por parte de la Seguridad Social) de que esa es una solución inviable”, tal y como explica la secretaria general de la Unión Democrática de Pensionistas y Prejubilados (UDP), Margarita García Durá. Debido a esta situación, este sector carece de todas aquellas ventajas sociales que les corresponden a los jubilados.
Existen otros inconvenientes, como recuerda José Tena, miembro de Ajubanesto (Asociación de Jubilados, Prejubilados, Pensionistas, Empleados y Ex-empleados de Banesto), quien asegura que “la prejubilación es un mal negocio, ya que conlleva un efecto económicamente negativo”. Esto se debe a que el empleado recibe un “sueldo” que no se actualiza según las subidas del IPC y, por otra parte, suele jubilarse anticipadamente con las penalizaciones propias de esta opción.
¿Voluntario u obligatorio?
Esto no sería un problema si realmente cada persona pudiese elegir libremente si acogerse o no a la prejubilación y valorar si esta situación le compensa. Sin embargo, Eugenio Pascual insiste en que las prejubilaciones son casi siempre obligatorias, en unos casos porque se realizan a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y, en otros, porque la empresa que decide modificar su plantilla quiere hacerlo a toda costa y tiene múltiples medios de presión.
En teoría, si no hay un ERE de por medio, el empleado se prejubila voluntariamente y así se hace constar en el documento que debe firmar antes de abandonar su puesto. Pero, en la práctica, muchas personas no quieren dejar de trabajar. Entonces, surgen métodos de presión como los cambios de horario, de puesto de trabajo o los traslados. Se trata de una peculiar forma de mobbing, ante la que los mayores poco pueden hacer a causa de la falta de legislación a este respecto. Tena asegura que “se debería considerar que todas estas personas han sido forzadas en su decisión y habría que empezar a hablar del término involuntariedad de la prejubilación”, mientras que Margarita García aclara que esta figura “constituye un despido encubierto y la alternativa suele ser el despido puro y duro”.
Precisamente, una de las principales reivindicaciones de Jubiqué consiste en que se reconozca que todas las prejubilaciones resultan obligatorias y por tanto, se reduzcan o desaparezcan las penalizaciones que afectan a las pensiones de estas personas.
¿Por qué las empresas prejubilan a sus empleados?
Margarita García recuerda el origen de las prejubilaciones: “durante un tiempo, ha sido la reconversión industrial empujada por el enorme avance de las nuevas tecnologías las que han laminado millones de puestos de trabajo”, aunque matiza que, actualmente, este procedimiento “puede ser una forma de recortar plantillas o de reconvertirlas por personal más joven y con salarios más flexibles”.
Se trata de un método que, según muchos afectados, utilizan las compañías para obtener un beneficio económico, ya que les sale más rentable que recurrir al despido o mantener a estas personas en las empresas. Mariano Chicharro, presidente de la Asociación de Prejubilados de Telefónica (APT), recuerda que “las prejubilaciones masivas las hacen empresas que, sin atravesar dificultades económicas, realizan grandes regulaciones de plantillas con el fin de aumentar los beneficios a base de reducir costes salariales”. El presidente de Jubiqué agrega que estas reestructuraciones de personal tampoco se deben exclusivamente a la intención de incorporar trabajadores jóvenes a las empresas: “No todos los empleados mayores son sustituidos por gente joven, lo cual tendría cierto sentido, pero la proporción entre prejubilados y nuevos trabajadores resulta ridícula”.
¿Qué ocurre entonces con los puestos que quedan vacantes? Tanto Chicharro como Pascual apuntan a la externalización y las subcontratas, lo que resulta más barato, pero va habitualmente en detrimento de la calidad de los servicios.
Los prejubilados suelen rondar los 50 años y a veces, incluso, no los han cumplido. Suelen tener, por tanto, una serie de derechos adquiridos (trienios salariales, beneficios sociales, etc.), que van en consonancia con el caudal de experiencia y conocimientos que poseen. Pero para sus empresas no son rentables, al menos no en lo que respecta al ámbito estrictamente económico.
Chicharro considera que “la prejubilación en trabajos intelectuales, desde el punto de vista ético, no puede ser positiva. Un país no puede ni debe permitirse el lujo de despreciar e inutilizar la experiencia y el talento de un gran número de personas que han alcanzado su madurez profesional”.
El papel de la Administración Pública
Hasta hace poco, los prejubilados no tenían derecho a la jubilación anticipada. La reciente reforma de la Seguridad Social permitió anular dicha restricción, por lo que muchas de estas personas comenzaron a solicitar la tramitación de sus pensiones a partir del pasado uno de enero. Sin embargo, sus peticiones no se tramitaron porque, según reconoció la Administración, “el contrato individual de prejubilación no está delimitado por ley”. Esto significa que, una vez más, la alegalidad de esta situación provoca consecuencias negativas. Por ello, José Tena subraya que los poderes públicos deberían, fundamentalmente, propiciar “la regulación jurídica y ejercer control para evitar la discriminación y el abuso”. Margarita García añade la necesidad de “intentar paliar el trauma que supone perder un trabajo sin posibilidades de encontrar otro y a una edad en que el futuro se presenta todavía incierto y, en todo caso, no aplicar las penalizaciones, total-mente injustas, ya que no está en la mano del trabajador elegir y con el agravante de que tiene una vigencia de por vida”.
Respecto a todas estas cuestiones, Eugenio Pascual subraya la importancia de reconocer legalmente la involuntariedad de la prejubilación y permitir a este colectivo participar en los organismos cuyas decisiones puedan afectar a este colectivo. Para lograr todas estas reivindicaciones, Pascual insiste en la necesidad de asociarse y trabajar en conjunto: “Si nos organizamos, tenemos mucho ganar” y subraya que el lema de Jubiqué defiende que el asociacionismo es necesario “para defender lo que tienes y conseguir lo que no tienes”.
Chicharro concluye que la prejubilación “supone una brusca interrupción de la actividad cotidiana, cuando la persona dispone aún de todo su potencial”, por lo que “es muy importante realizar actividades que llenen el tiempo y satisfagan el gusto de cada cual para acostarse cada día con la ilusión de la actividad que se va a realizar al día siguiente”.
Cuestión de bolsillo
Un trabajador que dejase su actividad en 1998 con 50 años cobrando 200.000 pesetas mensuales (1.200 euros actuales) debería ganar, a día de hoy, 456 euros más, es decir, 1.656 euros mensuales y cotizar por ello para recibir una pensión más alta. Además, como tiene que jubilarse anticipadamente, podría perder hasta el 40 por ciento de la pensión que le corresponda. Esto significa que si su pensión ascendía a 1.000 euros, se quedará tan sólo en 600.
¿Dónde acudir?
Jubiqué – Asociación Independiente de Prejubilados y Jubilados del Sector Financiero: organización de carácter reivindicativo, independiente de cualquier empresa, sindicato o partido. www.jubique.es TEL.: 91 532 36 73.
UDP- Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados: asociación de mayores activos creada en 1977, con vocación de ayudar a este colectivo a resolver sus problemas y a luchar por sus intereses. www.mayoresudp.es – TEL.: 91 542 02 67.
Ajubanesto- Asociación de Jubilados y Prejubilados, Pensionistas Empleados y Ex-empleados del Banesto. Presta servicios a sus miembros, procurando su bienestar social y económico y defendiendo sus intereses y derechos.
www.ajubanesto.org – TEL.: 91 523 87 71.
APT- Asociación de Prejubilados de Telefónica: institución de carácter general y sin ánimo de lucro, a la que libremente pueden pertenecer sus asociados, en términos de igualdad. La APT se declara explícitamente desvinculada de partidos políticos, sindicatos y cualquier otra asociación.
www.apt.es – TEL.: 91 56 74 01.
Manifiesto contra la jubilación obligatoria
Hace unas semanas, se dio a conocer un manifiesto contra la jubilación obligatoria en el sector público, una situación que fuerza a los funcionarios de distintos sectores a dejar su trabajo cuando aún tienen capacidad y ganas para seguir desempeñando su labor. Esta situación resulta especialmente penosa en el ámbito docente del cual procede este documento. Sus impulsores han sido los catedráticos Juan Díez Nicolás, de la Universidad Complutense de Madrid, y Rocío Fernandez-Ballesteros, de la Universidad Autónoma. Esta última explica que “el manifiesto ha sido largamente gestado” y que responde a una idea que va en consonancia con el trabajo que desempeña, en el que destaca su colaboración con la ONU en el desarrollo del II Plan Internacional sobre Envejecimiento. Según explica, esta labor “me ha llevado al convencimiento de que, mientras se dictan políticas para el envejecimiento activo, existen en la sociedad barreras que lo impiden, como la jubilación obligatoria. Además, resulta incomprensible que a un individuo que alcanza su máximo nivel de competencia, se le obligue a dejar su trabajo”. El profesor Díez Nicolás, cuyas investigaciones le han acercado a esta realidad, considera que “la jubilación es un derecho que algunos han convertido en una obligación” y que “el individuo debe tener la libertad de decidir jubilarse antes de esa edad obligatoria”, aunque acepta “que a partir de cierta edad se establezcan controles para establecer la idoneidad física y mental del individuo”. Díez Nicolás explica que “estimamos que había que tomar la iniciativa y emprender esta batalla de justicia social”.
El manifiesto ha sido suscrito por muchos de los profesionales más brillantes de nuestro país, como la investigadora Margarita Salas, el embajador Carlos Fernández-Arias, el economista Giménez de la Cuadra y muchos catedráticos universitarios, como el sociólogo Emilio Lamo de Espinosa, quien asegura que “es una iniciativa imprescindible, porque estamos entrando en sociedades envejecidas. El porcentaje de población mayor de 65 años no hará sino crecer y resulta aconsejable postponer todo lo posible la edad de jubilación”. Además, resalta “la mejora en la salud de los mayores de 60 e incluso de 70 años, por lo que la jubilación debe ser un derecho más que un deber” y aclara que “pensar que los mayores le quitan empleo a los jóvenes es una estupidez. Todos necesitamos empleo y no es cosa de que andemos luchando unos contra otros (mayores, jóvenes, emigrantes) por el existente.”